El Observatorio

El derecho de las mujeres a participar en la vida pública y política en condiciones de igualdad constituye un compromiso jurídico internacional. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979, art. 7) obliga a eliminar la discriminación en la vida política y pública; la Convención de Belém do Pará (1994, arts. 4, 5, 7 y 8) reconoce que la violencia obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos y exige medidas de prevención, investigación, sanción y transformación de patrones socioculturales. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) contribuye a reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995, esfera G) sitúa su participación en el poder y la toma de decisiones como condición de la igualdad sustantiva; y la Recomendación General núm. 35 del Comité CEDAW (2017) refuerza la obligación estatal de responder a la violencia por razón de género, incluida la ejercida en espacios públicos.

En el ámbito interamericano, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres (2015) visibiliza esta violencia como una barrera específica para la democracia. La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (adoptada en 2016 y publicada en 2017, arts. 1 a 3) propone definiciones y criterios para desarrollar respuestas normativas e institucionales. Es una referencia técnica no vinculante, no una ley directamente aplicable en Ecuador.

En Ecuador, la Constitución de 2008 (arts. 11, 61, 65, 66.3 y 70) vincula los derechos de participación con la igualdad, la paridad, la integridad personal y la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018, arts. 4 y 10, literal f) aporta conceptos generales y reconoce expresamente la violencia política como un tipo de violencia contra las mujeres. El Código de la Democracia (arts. 25, 32 y 280, en su versión reformada) conecta la prevención y la acción institucional electoral con una definición específica de violencia política de género.